Por: Jorge León Orantes, socio en Santamarina y Steta
El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró recientemente su previsión de crecimiento para México a 2.7% en 2025, reconociendo la solidez del mercado interno y el atractivo del país ante el fenómeno del nearshoring. Sin embargo, detrás del entusiasmo económico se esconde una realidad incómoda:
México está recibiendo inversiones con un andamiaje jurídico muy distinto y una institucionalidad que aún debe comprobarse. La oportunidad es real, pero también lo es el riesgo de que esta ola de relocalización industrial se diluya si no hay señales claras y positivas del nuevo marco legal, de sus autoridades y de una planeación adecuada.
El nearshoring no solo está transformando la geografía económica del país; también está poniendo a prueba su capacidad para garantizar el Estado de derecho. Los marcos normativos existen, pero estamos en proceso de comprobar si su aplicación es lo suficientemente eficiente. México debe continuar en la ruta de la simplificación de permisos, regulaciones y trámites para seguir incentivando proyectos estratégicos. La plataforma de crecimiento mostrará un
impacto vertiginosamente ascendente en la medida en que avance la simplificación regulatoria que promueva la competitividad, y las nuevas autoridades den muestras claras de eficiencia e institucionalidad.
Las inversiones no florecen donde hay incertidumbre jurídica. Los capitales que hoy llegan atraídos por la ubicación geográfica y los costos laborales competitivos podrían irse mañana si no encuentran reglas estables, justicia imparcial y
transparencia institucional. En materia de inversión, la confianza no se decreta: se construye. Las autoridades administrativas y judiciales que asumieron funciones recientemente deben demostrar que México ha logrado consolidar un entorno regulatorio que garantice certeza a largo plazo, cumpliendo al mismo tiempo con las exigencias ambientales, laborales y de competencia leal.
Los polos industriales del norte y del Bajío ya enfrentan un escenario de tensión en materia de infraestructura, agua y energía, lo que exige mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Es necesaria una estrategia nacional clara que armonice la llegada de nuevas plantas con la planeación urbana, la gestión de recursos naturales y la capacitación laboral. Si la expansión industrial se impone sobre la planificación social, el nearshoring podría dejar una estela de conflictos territoriales y desigualdad.
El FMI reconoce la resiliencia de la economía mexicana, y esta estabilidad macroeconómica puede potenciar las oportunidades siempre que existan señales claras de solidez jurídica por parte del Estado. Es indispensable garantizar que los proyectos se desarrollen con transparencia, responsabilidad ambiental y seguridad jurídica. La oportunidad del nearshoring debe verse con una mirada crítica: o se convierte en un motor de desarrollo ordenado, o se transformará en un espejismo que acentúe las brechas regionales y las tensiones institucionales.
México está ante una oportunidad histórica: institucionalizar la legalidad como parte esencial de su competitividad o resignarse a crecer sobre terreno inestable. Las inversiones pueden impulsar la economía a corto plazo, pero solo la aplicación eficiente e institucional del nuevo marco
normativo podrá sostener ese crecimiento en el tiempo. Apostar por un nearshoring con cimientos jurídicos sólidos contrasta con el viejo error de construir riqueza sin Estado de derecho, desarrollo sin planeación y futuro sin reglas.
